Bases Legales. Ejemplo

Bases Legales 

Las bases legales de esta investigación se encuentran representadas, en primer lugar, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2000), de donde se destaca el Artículo 141, cuando establece que: 

La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho (p. 95). 

Para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el citado artículo, es de fundamental importancia la existencia y aplicación de sistemas de control interno, a través de los cuales se desarrollen las tareas de control y registro en todas y cada una de las áreas, niveles y funciones de la organización. El sistema de control de registro de bienes y materiales constituye una de las formas a través de las cuales se lleva a la práctica el sistema de control interno de una determinada entidad de la administración pública. 

Otro de los fundamentos legales de la investigación, lo representa la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional (1974), de donde se extraen los siguientes Artículos: 

Artículo 1. La Hacienda Pública Nacional comprende los bienes, rentas y deudas que forman el activo y el pasivo de la Nación, y todos los demás bienes y rentas cuya administración 

corresponde al Poder Nacional. La Hacienda, considerada como persona jurídica, se denomina Fisco Nacional. 

Artículo 19. Son bienes nacionales: 

        1.- Los bienes muebles o inmuebles, derechos y acciones que por   cualquier título    entraron      a formar el patrimonio de la     Nación  al   constituirse ésta   en Estado soberano, y los que por    cualquier título  haya adquirido o adquiera la Nación o se hayan destinados o se destinaren en algún establecimiento     público nacional a algún  ramo de  la Administración    Nacional.

           2.- Los bienes muebles o inmuebles que se encuentren en el  territorio de la República y que no tengan dueño.

                 

Los artículos mencionados permiten establecer con precisión lo que son los bienes nacionales y como éstos se encuentran comprendidos dentro de la Hacienda Pública Nacional. En ese sentido, lo establecido en estos artículos lleva a afirmar que los bienes nacionales, son aquellos poseídos por el Estado Venezolano bajo el estilo de Administración Pública Nacional. 

La Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público (2003), es otro sustento legal importante y de donde se selecciona el Artículo 131, el cual establece que: 

                         El sistema de control interno tiene por objeto asegurar el 

                         acatamiento de las normas legales, salvaguardar los recursos y 

                         bienes que integran el patrimonio público, asegurar la obtención 

                         de información administrativa, financiera y operativa útil, 

                         confiable y oportuna para la toma de decisiones, promover la 

                         eficiencia de las operaciones y lograr el cumplimiento de los 

                         planes, programas y presupuestos, en concordancia con las 

                         políticas prescritas y con los objetivos y metas propuestas, así 

                         como garantizar razonablemente la rendición de cuentas.

 En ese orden de ideas, la estructuración de un sistema de control de bienes y materiales en las entidades públicas se encuentra ubicada dentro de los planteamientos expresados en el artículo precedente, porque aporta elementos de relevancia para que se cumplan los propósitos de control, concretamente en lo que atañe a los recursos y bienes que forman parte del patrimonio público. 

De igual manera, el Artículo 134 de la referida ley señala que: “Corresponde a la máxima autoridad de cada organismo o  entidad la  responsabilidad de establecer y mantener un

sistema  de control   interno  adecuado a la naturaleza, estructura y fines       de la organización”. En ese orden de ideas, las  autoridades de entes públicos como INGEOMIN,                       tienen la    responsabilidad de realizar las acciones para la implantación de  un sistema 50 de
 control de  bienes y  materiales en todas  y cada una de las sedes de  este  organismo    en Venezuela.
En cuanto a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (2001), se destaca, en primer lugar, el Artículo 35 en el cual se define el Sistema de Control Interno: 

                         El Control Interno es un sistema que comprende el plan de 

                        organización, las políticas, normas, así como los métodos y 

                        procedimientos adoptados dentro de un ente u organismo sujeto 

                        a esta Ley, para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud 

                        y veracidad de su información financiera y administrativa, 

                        promover la eficiencia, economía y calidad en sus operaciones, 

                        estimular la aplicación de las políticas prescritas y lograr el 

                        cumplimiento de su misión, objetivos y metas.

Esta definición establece los parámetros que definen lo que representa el sistema de control interno y, como a partir de dichos parámetros, se pueden diseñar los sistemas de control de bienes y materiales dentro de toda entidad pública. A ese respecto, el Artículo 36 plantea que: “Corresponde a las máximas autoridades jerárquicas de cada ente la responsabilidad de organizar, establecer, mantener y evaluar el sistema de control interno, el cual debe ser adecuado a la naturaleza, estructura y fines del ente”. 

Para complementar lo dicho anteriormente, el Artículo 37 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, establece lo siguiente: 

                         Cada entidad del sector público elaborará, en el marco de las 

                         normas básicas dictadas por la Contraloría General de la 

                         República, las normas, manuales de procedimientos, 

                         indicadores de gestión, índices de rendimiento y demás 

                         instrumentos o métodos específicos para el funcionamiento del 

                         sistema de control interno. 

Lo anterior confirma la responsabilidad de los entes de la administración pública en la elaboración de las normas, manuales de procedimientos y demás elementos de control y evaluación que le den operatividad y aplicabilidad al sistema de control que debe aplicarse dentro de sus diferentes dependencias. 

 Finalmente, se encuentra el Artículo 39, donde se señala lo siguiente en relación a la responsabilidad de las autoridades de cada dependencia: 

                        Los gerentes, jefes o autoridades administrativas de cada 

                       departamento, sección o cuadro organizativo específico 

                       deberán ejercer vigilancia sobre el cumplimiento de las normas 

                       constitucionales y legales, de los planes y políticas, y de los 

                       instrumentos de control interno a que se refiere el artículo 35 de 

                       esta Ley, sobre las operaciones y actividades realizadas por las 

                       unidades administrativas y servidores de las mismas, bajo su 

                       directa supervisión. 

Es responsabilidad de los gerentes o autoridades administrativas de cada departamento, velar por el cumplimiento de la normativa legal, planes y políticas en materia de control interno dirigida a salvaguardar los bienes y recursos, comprobar la exactitud y veracidad de la información financiera y administrativa; así como promover la eficiencia, economía y calidad en las operaciones que se realizan en estas dependencias. 

Otro de los basamentos legales está representado en la Ley contra la Corrupción (2003), concretamente en su Artículo 6, donde reza que: 

En la administración de los bienes y recursos públicos, los funcionarios y empleados públicos se regirán por los principios de honestidad, transparencia, participación, eficiencia, eficacia, legalidad, rendición de cuentas y responsabilidad. 

Lo establecido en este artículo tiene vinculación con lo que señala la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (1981), en el Artículo 30 acerca de la actividad administrativa: 

                       La actividad administrativa se desarrollará con arreglo a 

                       principios de economía, eficacia, celeridad e imparcialidad. Las 

                       autoridades superiores de cada organismo velarán por el 

                      cumplimiento de estos preceptos cuando deban resolver 

                      cuestiones relativas a las normas de procedimiento (p. 9). 

En atención a lo establecido en ambos artículos, la implantación y aplicación de sistemas de control de bienes y materiales dentro de las entidades del sector público, estarán orientadas a garantizar y prever el cumplimiento de los principios expuestos en ellos. 

La Ley del Estatuto de la Función Pública (2002), Artículo 33, numeral 7, establece que, además de los deberes que impongan las leyes y los reglamentos, los funcionarios o funcionarias públicos estarán obligados a: “Vigilar, conservar y salvaguardar los documentos y bienes de la Administración Pública confiados a su guarda, uso o administración”. La estructuración de los mecanismos y sistemas de control pertinentes serán las herramientas a través de los cales se cumplirían estas obligaciones. 

Finalmente, el Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (2001) constituye otro de los sustentos legales de esta investigación, concretamente en su artículo 23, donde textualmente se 

lee lo siguiente: “Las dependencias de la administración pública están obligadas a formar y actualizar sus inventarios de bienes, de acuerdo con las instrucciones de la Contraloría y en las oportunidades que ésta señale”. 

Instituciones como INGEOMIN, tienen la obligación de mantener actualizados sus inventarios de bienes, en atención a las instrucciones emanadas por el órgano contralor y, en ese sentido, el planteamiento de un sistema de control de bienes y materiales de este organismo se inscribiría en los procesos dirigidos al cumplimiento de esta obligación.

Tomado de la Tesis de Grado; 

SISTEMA DE CONTROL Y REGISTRO DE LOS BIENES NACIONALES

DE LA COORDINACIÓN REGIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE

GEOLOGÍA Y MINERÍA DE VENEZUELA (INGEOMIN) REGIÓN GUAYANA

Trabajo de Grado presentado para optar al grado de Licenciado

en Administración de Empresas

                                                               AUTOR: José Gregorio Guerra Tovar

                                                          TUTORA:  Lic. Yurma Maya (MSc)

CIUDAD BOLÍVAR, 2008